Pandanés quedó a un paso de la quiebra: la Justicia abrió un salvataje tras el cierre de 25 locales y 150 despidos

La cadena de panaderías Pandanés dejó de operar sus 25 sucursales en el área metropolitana y desvinculó a 150 trabajadores en el marco de una crisis que la propia empresa describió como terminal. En el expediente radicado en el Juzgado Comercial N.º 15, la firma reconoció una caída del consumo superior al 50% respecto de su volumen histórico, un incremento sostenido de los costos operativos y un sobredimensionamiento de su planta industrial como factores determinantes del deterioro.

Según consta en la causa, la cesación de pagos se registra desde octubre de 2025. La empresa acumulaba, al momento de presentarse en concurso preventivo, un pasivo que ronda los 1.200 millones de pesos. La magnitud del rojo y la extensión del impago explican, en gran parte, la decisión de los propietarios de recurrir al sistema concursal en lugar de insistir con una reestructuración interna.

Una planta sobredimensionada y costos que no bajan

En noviembre de 2022, cuando el negocio crecía, Pandanés había inaugurado en el área metropolitana una planta de 1.778 metros cuadrados, pensada para abastecer hasta 50 locales propios. La decisión permitió ganar escala en un momento de expansión, pero quedó como un pasivo estructural cuando el consumo empezó a retroceder y la red de sucursales se redujo a la mínima expresión. Los costos fijos —alquileres, energía y personal— se mantuvieron casi sin variación, mientras el volumen vendido se desplomaba.

La gerente de la firma, Lise Lundme Funch, sostuvo en el expediente que el encarecimiento de insumos clave —entre ellos la harina, presionada por la suba internacional del precio de los granos— y la actualización de salarios por paritarias terminaron por configurar un cuadro de “progresivo e irreversible deterioro de los márgenes y del flujo de fondos”. La compañía aseguró, sin embargo, haber desplegado un conjunto de medidas paliativas antes de llegar a esta instancia.

• Renegociación de contratos de alquiler con distintos propietarios de los locales.
• Cambio de proveedores para reducir el costo de la materia prima y de los servicios.
• Acuerdos con el fisco para regularizar deudas tributarias acumuladas.
• Búsqueda de financiamiento externo para sostener el capital de trabajo.
• Reducción gradual de la cantidad de sucursales operativas.

Ninguna de esas decisiones, según reconoció la propia empresa, alcanzó para revertir la tendencia. En los hechos, la actividad comercial se interrumpió por completo y la comunicación con el personal se hizo, en muchos casos, a través de mensajes de WhatsApp. Los trabajadores aún no recibieron los telegramas de despido formales ni pudieron retirar sus pertenencias de los locales cerrados.

“Esos factores provocaron un progresivo e irreversible deterioro de los márgenes y del flujo de fondos.”Lise Lundme Funch, gerente de Pandanés

El juzgado abrió la puerta del salvataje

El juez Pablo Frick rechazó, en esta etapa, el pedido de quiebra y ordenó la apertura de un registro por el plazo de cinco días para que eventuales interesados —acreedores, cooperativas u otros actores— puedan inscribirse y presentar propuestas de acuerdo preventivo o adquirir las cuotas sociales. El magistrado fundó la decisión en el artículo 48 de la Ley de Concursos y Quiebras, que establece que el procedimiento de salvataje debe agotarse antes de declarar la quiebra cuando se cumplen los requisitos legales. En la práctica, la resolución deja a la cadena en una suerte de limbo concursal: no puede seguir operando como hasta hace pocas semanas, pero tampoco será liquidada de inmediato.

La sindicatura, además, detectó que la empresa no habría acreditado el pago de aportes a la obra social, la ART y otros conceptos laborales del personal. Esa omisión, que se suma al cuadro de cesación de pagos, podría complicar cualquier propuesta de rescate que no contemple la regularización de los créditos laborales, que en el sistema concursal argentino gozan de un privilegio especial. Para los 150 empleados despedidos, la prioridad pasa ahora por la entrega de los telegramos de despido, la posibilidad de retirar sus pertenencias y el cobro de las indemnizaciones y los salarios adeudados.

Vamos a los números. La caída del consumo superó el 50% del volumen histórico; la planta industrial tiene 1.778 metros cuadrados y quedó dimensionada para 50 locales cuando la red se derrumbó a cero; el pasivo concursal ronda los 1.200 millones de pesos; los puestos de trabajo perdidos ascienden a 150 y las sucursales cerradas, a 25. Comparado con el cierre de 2024, cuando la cadena aún operaba la totalidad de su red y no registraba cesación de pagos, el cuadro actual muestra un retroceso completo en apenas doce meses. ¿Qué propuesta de salvataje llegará a tiempo para evitar que los 25 locales y los 150 empleos se pierdan de manera definitiva?