Salud mental en alerta: las internaciones se disparan 42% en tres años y el sistema público llega al límite

Les quiero compartir una cifra que me dejó pensando durante todo el fin de semana: en apenas tres años, las internaciones por problemas de salud mental en Argentina crecieron un 42%, con un salto adicional del 12% solo en los últimos doce meses. No es una proyección, ni una estimación a ojo: es lo que surge de un relevamiento federal coordinado por la Universidad Nacional de Lanús, con información aportada por las máximas autoridades sanitarias de 14 provincias que, en conjunto, representan a más del 70% de la población del país. Los números fueron presentados esta semana en el Senado, en pleno debate por la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental, vigente desde 2010.

El cuadro general que arroja el informe es preocupante y, a la vez, bastante detallado. Las consultas ambulatorias por problemas de salud mental crecieron 23% en el último año, un ritmo que muestra que la demanda no se concentra únicamente en los cuadros más graves que requieren internación, sino que se extiende a todo el primer nivel de atención. Las jurisdicciones relevadas son Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Salta, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, y también participaron del encuentro Entre Ríos y Río Negro.

Quiénes piden más atención y por qué

El informe identifica con claridad los perfiles que más golpean las puertas del sistema público. Por un lado, niñas, niños y adolescentes: la demanda pediátrica y juvenil viene creciendo de manera sostenida y ya representa una porción muy significativa de las consultas. Por el otro, personas que perdieron cobertura de obras sociales o prepagas y se vieron obligadas a migrar al sistema público, engrosando filas que, según reconocen las propias provincias, están al borde de su capacidad. En la provincia de Buenos Aires, el dato es elocuente: el 30% de las consultas en las guardias hospitalarias corresponde a problemas de salud mental. Una de cada tres.

• Internaciones por salud mental: +42% entre 2023 y 2026, con un 12% adicional en el último año.
• Consultas ambulatorias: +23% en los últimos doce meses.
• 388 nuevas camas de salud mental incorporadas entre 2021 y 2026 en hospitales generales.
• 13 de las 14 provincias ampliaron sus redes comunitarias, con centros de día, equipos territoriales, viviendas asistidas y dispositivos para consumos problemáticos.
• En Buenos Aires, el 30% de las consultas en guardias ya son por salud mental.

Sin embargo, y acá viene lo que a mí más me interpela como periodista, los recursos que se fueron sumando no alcanzan. Entre 2021 y 2026 se incorporaron al menos 388 nuevas camas de salud mental en hospitales generales, lo que implica un esfuerzo concreto por dejar atrás el modelo del hospital monovalente y avanzar hacia dispositivos integrados. Trece de las 14 provincias, además, ampliaron sus redes comunitarias con centros de día, equipos territoriales, viviendas asistidas y dispositivos específicos para el abordaje de consumos problemáticos. Aun así, las autoridades provinciales coincidieron en un diagnóstico crudo: esas capacidades están "sobreexigidas" frente a una demanda que no cesa, y existen dificultades serias para completar los equipos con disciplinas críticas.

Qué piden las provincias antes de la reforma

Cuando uno lee el documento completo, lo que aparece es un reclamo bastante unánime de las jurisdicciones. Las provincias identificaron como prioridades claras cuatro ejes: aumentar la inversión, ampliar la infraestructura y los recursos humanos, garantizar el acceso a medicamentos y producir información epidemiológica nacional de calidad. También, y esto me parece clave, reclamaron recuperar una coordinación efectiva entre Nación, provincias y municipios, algo que en los últimos años se fue deshilachando.

El trasfondo político es delicado. El informe llegó al Senado mientras el Congreso debate una reforma de la Ley Nacional de Salud Mental, y las autoridades provinciales plantearon que la propuesta en discusión "elimina marcos y garantías sobre los que se sustenta la política de salud mental, sin incorporar el financiamiento necesario para ampliar la capacidad de respuesta de los sistemas públicos". Es una advertencia que no es menor: están diciendo, en criollo, que no se puede cambiar la ley sin poner la plata. Por ahora, lo que queda a la vista de todos es que la demanda sigue creciendo, que las guardias se llenan, que los equipos están agotados y que, mientras tanto, miles de personas esperan una respuesta que el sistema, hoy, apenas puede arrimar.