Córdoba: la Defensoría del Pueblo expuso esperas de hasta más de un año para acceder a terapias, prótesis y medicamentos

Soy Nadia Cussi, de Sociedad y pueblos originarios, y en esta nota me propongo compartir lo que dejó un informe reciente de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba, presentado el 5 de octubre de 2026, que pone nombre y apellido a una problemática que muchísimas familias conocen de cerca: las demoras y los obstáculos que enfrentan las personas con discapacidad para acceder a derechos que, en los papeles, deberían estar garantizados. El documento, que fue elaborado a partir de entrevistas y grupos focales, no pretende ser una radiografía estadística de toda la provincia, pero sus testimonios describen experiencias que, por repetidas, se vuelven un patrón preocupante y merecen ser contadas con la seriedad que amerita cada uno de los casos relevados.

El primer obstáculo: el Certificado Único de Discapacidad

Para empezar a ejercer cualquier derecho, las personas con discapacidad necesitan contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), y allí aparece el primer cuello de botella. El informe de la Defensoría del Pueblo detalla que, en la ciudad de Córdoba, funcionan juntas evaluadoras en siete hospitales públicos, de los cuales dos son pediátricos, y que en esos establecimientos los turnos se otorgan con esperas que van de dos a tres meses, un tiempo que puede parecer menor comparado con lo que viene después, pero que para una familia que necesita arrancar un tratamiento lo antes posible resulta una eternidad. A esa espera inicial se suma la dificultad para conseguir consultas con los especialistas que intervienen en la evaluación, un paso que muchas veces parece diseñado para desalentar más que para acompañar.

Terapias, prótesis y medicamentos: tiempos que se vuelven eternos

Una vez que la persona tiene su CUD, lo que debería ser el inicio del camino se transforma, en muchos casos, en otra carrera de obstáculos. Carlos Galoppo, defensor del Pueblo adjunto a cargo del relevamiento, fue muy claro al describir los plazos que se desprenden del documento: las esperas para acceder a prótesis y medicamentos van de los cuatro a los nueve meses, mientras que para ingresar a centros de rehabilitación los tiempos se estiran aún más, y van de los nueve a los catorce meses. Es importante remarcar, como aclara el propio informe, que esos rangos no permiten anticipar cuánto va a demorar un trámite particular, porque cada situación es distinta y depende de múltiples variables, pero sí muestran un piso mínimo de padecimiento que, a mi entender, ninguna familia debería tolerar en un Estado que dice garantizar derechos.

“Las demoras son de cuatro a nueve meses para prótesis y medicamentos, y de nueve a catorce meses para acceder a centros de rehabilitación.”Carlos Galoppo, defensor del Pueblo adjunto de Córdoba

El costo invisible: terapias pagas, transporte y sobrecarga en las mujeres

Mientras esos plazos corren, las familias no se quedan de brazos cruzados: muchas pagan de su propio bolsillo las terapias, el transporte y los apoyos escolares que el Estado no llega a cubrir a tiempo. Una de las madres entrevistadas en el marco de los grupos focales, cuyo testimonio recoge el documento, contó que llegó a desembolsar entre 150.000 y 180.000 pesos solo en sesiones, después de haber sostenido durante alrededor de dos años la atención por su cuenta, una cifra que, en el contexto económico actual, equivale a gran parte de un salario y que describe con una claridad brutal la transferencia de costos del sistema público hacia los hogares más vulnerables. Y hay un dato que, como mujer y como periodista, no me pasa desapercibido: el informe registra una sobrecarga de los cuidados sobre las mujeres, con testimonios de madres que se vieron obligadas a reducir su jornada laboral y, en consecuencia, sus ingresos, lo que termina configurando un círculo donde la discapacidad impacta de manera desigual según el género de quien acompaña.

Los prestadores también están al límite

El relevamiento no se queda en la mirada de las familias, y creo que vale la pena detenerse en esto: las dificultades también alcanzan a quienes brindan las prestaciones, es decir, a los centros de día, los profesionales de rehabilitación, los transportistas y las instituciones que sostienen la red. El documento describe atrasos de varios meses y hasta de un año en los pagos de obras sociales y programas estatales, y compara la evolución de los aranceles con la inflación acumulada entre diciembre de 2023 y agosto de 2026: mientras el nomenclador nacional de discapacidad aumentó un promedio del 225 por ciento, la inflación acumulada llegó al 336 por ciento, una diferencia de más de cien puntos que licuó los ingresos del sector. En el rubro transporte, la brecha es todavía más marcada: la nafta súper subió 559 por ciento en ese período, frente a un reconocimiento por kilómetro que apenas creció un 231 por ciento, lo que según el informe se vincula con la decisión de distintas instituciones de reducir gastos de funcionamiento, una palabra técnica que, traducida al lenguaje cotidiano, significa menos servicios, menos profesionales y, otra vez, más espera para las familias.

Lo que la comunidad le pidió al Estado

Al cierre de los grupos focales, las familias que participaron del relevamiento formularon pedidos concretos que el documento se encarga de recoger textualmente y que, a mi modo de ver, deberían ser una hoja de ruta para cualquier política pública seria en la materia: solicitaron la ampliación de las juntas evaluadoras y la reducción efectiva de los plazos de espera, la actualización de los aranceles del nomenclador nacional para que acompañen la inflación real del sector, el pago en tiempo y forma a los prestadores, y un transporte accesible y sostenido para garantizar la llegada a los tratamientos. Son reclamos que no nacen de la queja abstracta, sino de años de espera, de bolsillos vacíos y de cuidadoras que, mientras el Estado se toma su tiempo, sostienen con su propio cuerpo y su propio dinero lo que el sistema no llega a cubrir.