Procesan con prisión preventiva a Raúl Martins por lavado de activos y le traban un embargo de 300 millones de pesos

Qué, dónde y cuándo. La jueza federal María Servini, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 1, dictó el procesamiento con prisión preventiva de Raúl Martins en la causa en la que se investiga el delito de lavado de activos, con una carátula que también contempla la presunta explotación sexual de mujeres. La resolución incluyó un embargo sobre los bienes del imputado por 300 millones de pesos.

El expediente tiene su origen en una denuncia anónima recibida el 6 de marzo de 2013 en el Ministerio de Seguridad, en la que se advertía sobre una posible explotación sexual de menores en un local de la avenida Juan B. Justo 5302, en el barrio porteño de Villa General Mitre. A partir de allí se desplegó la pesquisa que derivó en la presente instancia procesal.

El descargo de Martins y el eje de la discusión

Martins, de 77 años y exintegrante de la SIDE, se negó a responder preguntas durante la audiencia de indagatoria y presentó un escrito en el que solicitó el sobreseimiento o, en subsidio, la falta de mérito. La defensa cuestionó las fechas de las 26 operaciones que se le atribuyen, vinculadas con la adquisición de propiedades y la administración de sociedades.

• Sostuvo que esas operaciones correspondían a los años 2009, 2010, 2011 y 2012.
• Adujo que eran anteriores al período del delito de explotación sexual considerado firme, comprendido entre enero de 2013 y octubre de 2014.
• Aclaró que el antecedente penalmente relevante se limitaba al local de avenida Juan B. Justo 5302.
• Aseguró que las acusaciones sobre otros nueve locales fueron archivadas por inexistencia del delito de trata de personas.

Los fundamentos del procesamiento

Servini consideró que existían elementos suficientes para avanzar con el procesamiento. Explicó que la constitución de una sociedad con anterioridad al hecho investigado no excluye que pueda ser utilizada después para administrar u ocultar bienes de origen ilícito. En esa línea, concluyó que la fecha de creación de las empresas no bastaba para descartar las maniobras atribuidas.

La magistrada evaluó de manera conjunta la actuación de sociedades argentinas y extranjeras, los poderes de administración y la intervención de familiares del imputado. Según la resolución, Martins habría conservado el control efectivo de esa estructura aun cuando no figurara formalmente como beneficiario final de los activos.

En cuanto a la instancia procesal, la resolución de procesamiento con prisión preventiva implica que la jueza entendió reunida la prueba para considerar a Martins partícipe penalmente responsable del hecho y, al mismo tiempo, constató riesgos procesales que justifican mantenerlo privado de su libertad. El embargo de 300 millones de pesos busca asegurar el decomiso y eventuales costas del proceso.

Martins había sido detenido en México en 2019 y extraditado desde Cancún, un trámite que permitió su regreso al país para ponerse a disposición de la Justicia argentina. Su defensa ya venía cuestionando los plazos y el alcance temporal de la imputación.

Como próximo paso judicial, la defensa podrá apelar el procesamiento y la prisión preventiva ante la Cámara Federal de Apelaciones, en tanto el expediente continúa su trámite hacia la eventual elevación a juicio oral. El cronograma y la concreción de esa etapa dependerán de las resoluciones que se adopten en las próximas semanas.