Adolescentes de Lomas de Zamora padecieron un hostigamiento digital con rostro falso: la Justicia actúa mientras las familias exigen respuestas

En un colegio secundario del partido bonaerense de Lomas de Zamora, cuatro adolescentes son investigados por la presunta producción y distribución de imágenes de contenido sexual obtenidas mediante herramientas de inteligencia artificial, a partir de fotografías de compañeras que habían tomado de sus perfiles públicos en redes sociales como Instagram. La causa, que reúne testimonios de varias alumnas afectadas y ya motivó allanamientos ordenados por la Justicia, reabrió un debate que atraviesa a toda la comunidad educativa: el daño psicológico que provoca este tipo de material aunque las propias víctimas sepan que las imágenes son falsas. Para relatar lo que ocurrió, abrí esta nota tal como suelo abrir las que escribo desde la sección Sociedad y pueblos originarios: nombrando el lugar exacto, porque cada barrio tiene una historia y cada escola, una herida. El caso aquí se llama Lomas de Zamora, y lo que allí pasó no es un experimento aislado sino un síntoma que se repite, con matices, en otras escuelas de la provincia y del país.

Lo que dijeron las víctimas y lo que ordenó la Justicia

Las adolescentes afectadas describieron, en diálogo con sus familias y con profesionales, una paleta de emociones que va del asco a la vergüenza, pasando por el miedo a no saber hasta dónde llegó el material. Una de ellas fue la más cruda, y su frase funciona como síntesis del fenómeno entero: aunque sé que es falso, me dio vergüenza. Esa confesión resulta clave para entender por qué la manipulación digital no es un juego de adolescentes: aunque la imagen nunca existió en la realidad, la exposición del cuerpo en clave sexual produce el mismo tipo de padecimiento subjetivo que una filtración real, y las víctimas lo viven como una exposición efectiva. La Justicia investiga a cuatro menores por producción y distribución de material de abuso sexual infantil, conocido por su sigla MASI, la figura penal que en Argentina se aplica a todo contenido sexual que involucre a personas menores de edad, incluso cuando no registre un encuentro físico sino una representación generada por medios digitales. La misma investigación trabaja sobre los grupos de chat y plataformas de mensajería por donde habrían circulado las imágenes, y ya realizó allanamientos en el marco de la causa.

“Creemos que pudo haber llegado a cualquier parte del mundo.”Una de las adolescentes afectadas, sobre el alcance de la circulación

Otra de las chicas afectadas contó, según reconstruyó la investigación, que tardó varios días en hablarles a sus padres sobre lo que estaba ocurriendo, y lo hizo recién cuando entendió que el silencio ya no la protegía. Su argumento revela el peso simbólico del daño: no quería que me vieran así. Esa frase, más allá de cualquier definición jurídica, ubica el centro de la cuestión en cómo es vivida la sexualidad de las jóvenes cuando el ojo digital se entromete: la víctima no teme tanto a que otros crean la imagen como a ser mirada de un modo que ella no eligió. Con el correr de los días, las propias alumnas convocaron a una protesta frente al establecimiento, sumándose estudiantes de otros cursos y familias, y ese movimiento dejó una consecuencia política inmediata: la dirección del colegio resolvió pasara la modalidad virtual a los cuatro menores investigados, y los equipos de orientación trabajan con los cursos afectados para contener el impacto emocional.

Por qué la falsedad técnica no borra el daño

Para la mirada adulta, acostumbrada a distinguir entre lo real y lo reproducido, resulta difícil aceptar que una foto inexistente provoque tanto sufrimiento. Pero lo que las especialistas en infancia y adolescencia vienen señalando, y lo que este caso confirma en la voz directa de las protagonistas, es que la inteligencia artificial ocupa hoy el lugar que antes ocupaba la cámara oculta: ahí donde no llega un hecho probado, llega una construcción. La víctima de una deepfake sexual sabe que no existe, sabe que no fue filmada, y sin embargo siente que fue exhibida. Esa es la paradoja central que atraviesa a Lomas de Zamora y a cualquier otra escuela donde aparezca la misma práctica: lo que se vulnera no es el dato verídico de la imagen, sino la autonomía sobre el propio cuerpo, que es un derecho personalísimo desde el inicio de la vida.

Lo que las comunidades educativas y familias pueden hacer

• Guardar absolutamente todo el material que circule por WhatsApp, Telegram o redes sociales: capturas de chats, perfiles, fechas, horarios y nombres visibles, son prueba clave para una denuncia penal.
• Radicar la denuncia en una comisaría, en la fiscalía especializada en Delitos Informáticos del Ministerio Público Fiscal de la jurisdicción o en la línea 134 del Ministerio de Seguridad de la Nación, que recepciona denuncias anónimas sobre grooming, MASI y otros delitos digitales.
• Registrar el caso también en los canales de las propias plataformas (Instagram, X, TikTok, Discord) mediante los formularios de reporte de material íntimo no consensuado, para que las imágenes sean removidas y, eventualmente, preservadas como evidencia.
• Acompañar a la víctima sin presionar relatos ni obligarla a mostrar el material, escuchando primero y actuando después, que es el orden que recomiendan los equipos de orientación escolar consultados por este portal.
• Exigir al colegio la activación de su protocolo de convivencia digital y, si no lo tiene formalizado, pedir su redacción con participación de docentes, familias y alumnado.
• Considerar la consulta a un equipo de salud mental con experiencia en ciberacoso, dado que la vergüenza suele sostenerse durante semanas y complica la escolaridad.

El tramo final de esta nota lo cierro como lo suelo cerrar cuando escribo sobre comunidades y sobre derechos: con lo que las protagonistas pidieron. Las adolescentes de Lomas de Zamora, en su mayoría a través de la movilización y en conversaciones con familias y prensa, reclamaron tres cosas concretas: que el colegio asuma su responsabilidad institucional, que las familias hablen en las casas lo que cuesta hablar, y que las plataformas dejen de mirar para otro lado cuando se trata de imágenes íntimas generadas con inteligencia artificial. Esa es la agenda mínima que dejó esta causa, y es la que cada comunidad educativa debería empezar a discutir antes de que el próximo caso deje de ser un hecho aislado y pase a ser, otra vez, una estadística. Mientras tanto, cuatro familias en el sur del conurbanobonairenseconviven con la certeza incómoda de que lo que le hicieron a sus hijas no necesita ser verdad para hacer mucho daño.